La transparencia no puede depender de versiones parciales, interpretaciones interesadas o comunicados editados según la conveniencia política o institucional.
Toda reunión sostenida por funcionarios públicos, jerarcas institucionales e incluso por la propia Casa Presidencial, cuando involucre asuntos de interés público, recursos del Estado, toma de decisiones, contratación administrativa o impacto sobre la población, debería poder ser grabada y respaldada íntegramente por las partes presentes.
Qué protege una grabación objetiva
La grabación objetiva de reuniones protege la verdad, evita manipulaciones posteriores, garantiza la fidelidad de lo discutido, fortalece la rendición de cuentas y brinda seguridad jurídica tanto al ciudadano como al propio funcionario público.
Quien actúa con transparencia no debería temer a la documentación íntegra de sus actuaciones.
Una garantía republicana
En una democracia moderna, el acceso a la información y la posibilidad de verificar objetivamente lo ocurrido en reuniones oficiales no debe verse como una amenaza, sino como una garantía republicana contra el abuso, la tergiversación y la opacidad institucional.
Costa Rica necesita avanzar hacia una cultura de mayor publicidad, trazabilidad y control ciudadano de los actos públicos, especialmente en tiempos en los que la confianza institucional se debilita precisamente por la falta de claridad y las contradicciones en los discursos oficiales.
Todos, sin excepción, son funcionarios pagados con dinero público y, por ende, tienen responsabilidades y deberes.
La verdad no debe depender de quién tenga el micrófono, sino de la evidencia objetiva de lo realmente ocurrido.
